Año 1, Nº 6, Lima - Julio - Agosto 2008
 

CONTINÚA EL REGISTRO RURAL Y URBANO EN DISTRITOS DE SATIPO
El equipo de 23 registradores desplegado en la provincia de Satipo, Junín, realizó su labor en los centros poblados y comunidades...(más información)

  Los registradores terminaron su labor en la zona rural el 18
de agosto.
CR HACE LLAMADO PARA IDENTIFICAR  A FAMILIARES DE VÍCTIMAS INSCRITAS EN RUV 
El Consejo de Reparaciones ha iniciado acciones para localizar a los padres, hijos, cónyuge y...(más información)

MÁS DE DIEZ MIL PERSONAS ESTÁN INSCRITAS EN EL RUV


CON ALIANZAS SE INICIA TRABAJO EN MÓDULO DE HUAMANGA

CR VERIFICÓ INFORMACIÓN DE 738 COMUNIDADES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA


CR FIRMA CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA ELABORAR EL RUV

MÓDULO DE HUANTA ATENDIÓ A 1800 PERSONAS EN TRES MESES

MÓDULOS DE ATENCIÓN DEL CR AL 26 DE AGOSTO 2008

PRESIDENTA DEL CR INFORMA SOBRE EL RUV EN AUDIENCIA PÚBLICA

 

CONTINÚA EL REGISTRO RURAL Y URBANO EN DISTRITOS DE SATIPO

El equipo de 23 registradores desplegado en la provincia de Satipo, Junín, realizó su labor en los centros poblados y comunidades hasta el  22 de agosto, pero un grupo de ellos atenderá adicionalmente hasta el 5 de setiembre en módulos instalados en las capitales de Mazamari y Río Tambo. En Río Negro y San Martín de Pangoa continuarán hasta octubre y noviembre respectivamente.

En Mazamari:
Ex municipalidad de Mazamari, Plaza Principal: Av. San Juan y las Malvinas.

En Río Tambo:
Municipalidad del Centro Poblado de Valle Esmeralda.

En Río Negro:
Av. Alameda Marginal, galería comercial N° 6.

En San Martín de Pangoa:
Municipalidad Distrital de Pangoa. Calle 7 de Junio N° 421.

Como se recordará, el módulo de Satipo fue inaugurado el 9 de junio. Durante la ceremonia de inauguración, la consejera Luzmila Chiricente entregó certificados de inscripción a comunidades de Satipo, Mazamari y Pangoa afectadas por el proceso de violencia entre 1980 y 2000.

El desplazamiento de los registradores y sus respectivos jefes de equipo se inició el 11 de julio en los centros poblados y comunidades nativas del distrito de Satipo.

Durante agosto, los registradores llegaron hasta las comunidades nativas de las zonas más apartadas de Mazamari, Pangoa, Río Negro y Río Tambo.

Los registradores han sido capacitados por el Consejo de Reparaciones y el INEI y proceden de Satipo. Casi todos son bilingües, ya sea en asháninka, nomatsiguenga o quechua.

Paralelamente al registro que se realiza en las comunidades, continúa abierto hasta noviembre el módulo de atención en la ciudad de Satipo a cargo de la abogada Mery Laurente. El módulo se encuentra en la calle San Martín 590, casi al frente del local Choque.

CR HACE LLAMADO PARA IDENTIFICAR  A FAMILIARES DE VÍCTIMAS
INSCRITAS EN RUV

El Consejo de Reparaciones ha iniciado acciones para localizar a los padres, hijos, cónyuge y conviviente (familiares directos) de las personas fallecidas y desaparecidas inscritas en el RUV, y soliciten su inscripción en este listado oficial.

El CR pedirá el apoyo de entidades públicas, redes de ONG en el país y las iglesias, para que difundan la lista de las personas muertas y desaparecidas ya inscritas en el RUV y orienten a los familiares directos sobre los documentos que deben presentar para demostrar el vínculo con las víctimas.

En Apurímac ya se ha iniciado a manera de experiencia piloto la difusión de la lista de las personas inscritas para que las entidades regionales y locales colaboren en la identificación de los familiares, de modo que ellos también puedan solicitar registro en el RUV y, una vez inscritos, hacer cumplir su derecho a recibir una reparación.

Además, la ONG Servicios Educativos Rurales (SER) ha editado a mediados de julio una separata en Ayacucho y otra en Puno con los nombres de las personas de ambos departamentos que ya están inscritas en el RUV. Cabe precisar que semanalmente nuevos nombres se suman al RUV y las listas actualizadas por departamento pueden consultarse en la página web del RUV.
El RUV inscribe a las personas de acuerdo a la información sobre el lugar donde sufrieron la violación de sus derechos humanos.

La información sobre los documentos que pueden presentar los familiares para solicitar inscripción estará disponible en la página web www.registrodevictimas.gob.pe

MÁS DE DIEZ MIL PERSONAS ESTÁN INSCRITAS EN EL RUV

El Consejo de Reparaciones aprueba cada semana expedientes de víctimas individuales y colectivas que son inscritas en el Registro Único de Víctimas. Al cierre de esta  edición se encuentran registradas 10,624 personas y 3,560 comunidades y centros poblados.

Las personas inscritas en el Libro 1º, de  beneficiarios individuales, proceden de algunos registros pre-existentes de víctimas (de la Defensoría del Pueblo, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Indultados por las leyes Nº 26655 y Nº 27234) y un número menor está conformado por familiares directos de personas fallecidas y desaparecidas.

 

 
 

 

CON ALIANZAS INICIA TRABAJO DE REGISTRO
EN MÓDULO DE HUAMANGA

Con el apoyo y la presencia de más de 150 personas  de las entidades más representativas de Ayacucho, organizaciones de derechos humanos y asociaciones de víctimas, el CR inauguró el  módulo de Huamanga, en el local de Paz y Esperanza el lunes 21 de julio.

La inauguración fue encabezada por la presidenta del Consejo de Reparaciones, Sofía Macher; el director de Paz y Esperanza Ayacucho, Nolberto Lamilla,  y el representante de la Cooperación Social Técnica Alemana (DED), Ulrich Goedeking, entidades que han destinado un local y recursos, respectivamente, para que el módulo opere hasta diciembre.

Lamilla expresó que en Paz y Esperanza se sienten "orgullosos de apoyar el trabajo del Registro".

A su vez, Goedeking destacó la apertura del módulo como un paso importante en el proceso del cumplimiento de las recomendaciones de la CVR, al cual el Programa Servicio Civil por la Paz del DED apoyó desde un inicio.

"Nunca hemos encontrado justicia ni reparación. Agradezco a las autoridades que ya se están preocupando de nosotros.  Nos vamos a organizar para decirles a los que viven en otros sitios y no saben (del Registro). Autoridades: no se olviden de todos nosotros", refirió la presidenta de la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados del Perú (Anfasep), Lidia Flores.

El representante de la Coordinadora Regional de Afectados por la Violencia Política (CORAVIP), Wilber Salvatierra recalcó la urgencia de este registro, "ya que ancianos y ancianas se nos van muriendo poco a poco y no reciben reparación".

La presidenta del CR solicitó el compromiso de las municipalidades, iglesias y religiosos para tratar de ubicar a la mayor cantidad de familiares directos de las personas fallecidas y desaparecidas y puedan llenar su ficha de registro.

  La Madre Covadonga amadrinó la inauguración del módulo de atención de Huamanga. Luego de la ceremonia protocolar los asistentes se desplazaron en un pasacalle hacia el local del módulo de atención del RUV.


 
 
CR VERIFICÓ INFORMACIÓN DE OTRAS 738
COMUNIDADES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA

Entre mayo y junio el Consejo de Reparaciones (CR) verificó información de 738 comunidades y centros poblados de los departamentos de Ayacucho, Piura, San Martín, Ucayali y Cajamarca que fueron afectados por la violencia entre 1980-2000, para que sean inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV).

De esta manera, el CR concluyó con la verificación de información sobre comunidades afectadas por la violencia incluida en el Censo por la Paz realizado por el MIMDES entre 2001 y 2006.

Más de 650 representantes de comunidades y centros poblados participaron en siete talleres de validación de información en los que los asistentes precisaron datos sobre nombres, ubicación y hechos de violencia ocurridos en sus comunidades, información sobre concentración de víctimas individuales, destrucción de infraestructura familiar comunal o resquebrajamiento de la institucionalidad comunal.

En los talleres se logró identificar, además, 329 comunidades potencialmente afectadas por la violencia que no figuraban en el Censo por la Paz (CpP) ni en otros registros del Estado.

En Ayacucho
Cora Cora, provincia de Parinacochas, fue sede del sexto taller en Ayacucho y que convocó aproximadamente a 240 autoridades y líderes comunales de 138 comunidades de Lucanas y Páucar del Sara Sara. Allí fueron identificadas 209 comunidades que no figuraban en registros anteriores.

Estuvieron en la inauguración del taller el alcalde de la provincia de Parinacochas, Walter Antayhua Cuadros; el alcalde de la provincia de Lucanas, Pedro Fernado Tincopa Calle; el alcalde provincial de Páucar del Sara Sara, José Rosenthal Quispe, y el gerente de la subregión de Parinacochas, Walter Herrera Solar, entre otros.

En San Martín
Se realizaron dos talleres de verificación. En el taller de Lamas, el 19 de mayo, se reunieron más de 200 autoridades y líderes de comunidades de las provincias de El Dorado, Moyobamba, Rioja y San Martín. Identificaron 111 comunidades potencialmente afectadas por la violencia que no figuran en el CpP.

A Juanjuí asistieron 150 representantes de las provincias de Picota, Bellavista y Huallaga, quienes identificaron 63 nuevas comunidades. El taller contó con el apoyo de la Asociación Paz y Esperanza.

Ucayali, Cajamarca y Piura
Unos 120 representantes y líderes comunales asistieron a tres talleres de verificación en las provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya, donde informaron de 76 comunidades potencialmente afectadas por la violencia.

Estos talleres se llevaron a cabo del 3 al 5 de junio con el apoyo de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y la organización de jóvenes  promotores de derechos humanos de Ucayali.

Representantes de 108 comunidades de las provincias de Cajabamba y San Marcos (Cajamarca) identificaron otras 22 localidades potencialmente afectadas. Colaboraron en la realización del taller la DP de Cajamarca y la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza.

Finalmente, el distrito más afectado de Piura, Huarmaca –provincia de Huancabamba– acogió a representantes de 22 comunidades que verificaron información sobre sus localidades e identificaron 50 comunidades potencialmente afectadas por la violencia.

En Piura se reunieron más de 20 autoridades de 13 comunidades de Ayabaca, Morropón y Huancabamba en un taller similar. Ambos contaron con el apoyo del Gobierno Regional de Piura, el Grupo Impulsor CVR y la MCLCP de Piura.

 

Autoridades de las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara asistieron a la inauguración del taller de verificación organizado por
el CR.
Representantes de comunidades y autoridades de la región San Martín presentan los resultados del taller.
 
 
Líderes comunales del distrito de Cajabamba y facilitadores verifican información de las cuatro etapas del Censo por la Paz.
 


 
 


CR FIRMA CONVENIOS DE COOPERACIÓN PARA ELABORAR EL RUV

Sofía Macher Batanero, presidenta del Consejo de Reparaciones (CR), firmó convenios de cooperación institucional con representantes de organismos del Estado, iglesia y la sociedad civil a fin de coordinar acciones para la elaboración del Registro Único de Víctimas (RUV).

Entre mayo y junio las instituciones firmantes fueron: el Ministerio del Interior (MININTER), el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF),  la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), las municipalidades provinciales y distritales de las provincias altas del Cusco y la Prelatura de Sicuani. Cada una asumió diversos compromisos en logística, capacitación, información y difusión.

El MININTER facilitará al CR las listas con los nombres del personal civil o policial que falleció durante el proceso de violencia en el período de mayo 1990 a noviembre 2000 y de quienes presenten alguna discapacidad física o daños en su salud física y mental.

Por su parte, el EPAF brindará al CR información sobre personas desaparecidas. En ambos casos se considerarán los datos de sus familiares directos quienes tienen derecho a inscribirse en el RUV.

Comisedh se comprometió a realizar el registro en zonas rurales, a través del desplazamiento de equipos de registradores, en Lucanamarca, Víctor Fajardo y Huancasancos.  A su vez, las municipalidades de provincias altas de Cusco y la Prelatura de Sicuani formalizaron su compromiso con el RUV para abrir módulos de atención, poniendo a disposición personal y materiales.

En el caso del convenio con las provincias altas de Cusco la secretaría técnica recae en la Vicaría de la Solidaridad –instancia de la Prelatura de Sicuani– que coordinará con las municipalidades provinciales de Canas y Chumbivilcas y las municipalidades distritales de Ocoruro, Coporaque, Tinta, Pitumarca, Livitaca, Túpac Amaru y Checca.

En todos los casos, el CR asume la responsabilidad de  brindar la información sobre la población potencialmente afectada en cada ámbito y de proporcionar las fichas de registro a los coordinadores institucionales, capacitarlos en el proceso de registro y brindarles asesoría técnica.

Estas acciones contribuyen al proceso de identificación y acreditación de las víctimas de la violencia, a fin de que el Estado pueda cumplir con su deber de brindarles reparación por los daños sufridos.




 
 

PRESIDENTA DEL CR INFORMA SOBRE EL RUV EN AUDIENCIA PÚBLICA

Sofía Macher Batanero, presidenta del Consejo de Reparaciones, participó en la tercera audiencia pública sobre el Plan Integral de Reparaciones convocada por la congresista Juana Huancahuari, miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.

Durante su intervención, calificó como positivos los avances del Registro Único de Víctimas (RUV) e  informó a organizaciones de afectados y representantes de instituciones de la sociedad civil que al 26 de mayo (fecha en la que se realizó el evento) estaban inscritas en el RUV 3,967 personas y 2,773 comunidades, además resaltó el carácter permanente de este registro  a fin de evitar que ninguna víctima quede fuera del mismo.

En atención a las inquietudes del auditorio con respecto a la modificación del reglamento de la Ley N° 28592 sobre reparaciones en materia educativa y la integración de registros preexistentes. Macher explicó que estos cambios simplifican el proceso de registro.

"El artículo Nº 18 que señalaba que se debía registrar a todos los hijos de las víctimas iba más allá del Programa Integral de Reparaciones (PIR) y hacía inviable el registro: no era posible que el CR certificara a cada una de estas personas, sin embargo el PIR que recomendó la Comisión de la Verdad sugiere que las víctimas acreditadas que no desean recibir esa reparación puedan delegarla a un familiar, eso ya es materia de política de reparación", manifestó la consejera.

"El reglamento anterior decía que todos los registros preexistentes debían integrarse automáticamente, lo cual contradecía el artículo Nº 4 de la Ley Nº 28592 que señala que están excluidos del RUV los subversivos.

Las leyes de ausencia por desaparición forzada y desplazados no hacen distinción entre las víctimas, por eso pedimos la modificación: los registros preexistentes sólo están pasando por el proceso de exclusión", dijo.

La presidenta del CR resaltó que la principal dificultad del CR es la falta de presupuesto por lo que pidió apoyo de los miembros de la Subcomisión de Derechos Humanos para la aprobación del crédito suplementario a fin de continuar la elaboración del RUV.

Participaron como panelistas: Gisela Vignolo de la Defensoría del Pueblo; Javier Torres por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y representantes de Aprodeh, Asociación Paz y Esperanza y CORAVIP, entre otros.

Macher en la audiencia pública ‘Balance de Reparaciones 2008’ en el Congreso.
 
 
 
MÓDULO DE HUANTA ATENDIÓ A 1800
PERSONAS EN TRES MESES

A tres meses de funcionamiento, el módulo de atención del Registro Único de Víctimas (RUV) de Huanta registró 415 casos individuales y dio orientación a 1800 personas interesadas en solicitar inscripción en este listado oficial de las personas que a causa de la violencia fueron afectadas en sus derechos humanos entre los años 1980 y 2000.

Maricela Quispe, responsable del módulo de Huanta, informó que la mayoría de casos registrados hasta el momento corresponden a muerte (asesinato o ejecución extrajudicial) y desapariciones forzadas. Del total de los registros realizados hasta el 4 de agosto, 213 son de casos nuevos y 202 ya figuraban en registros de víctimas creados anteriormente por el Estado.

Quispe ha logrado el apoyo de instituciones locales para facilitar la identificación de víctimas y sus familiares a través de la expedición de partidas, DNI, constancias (de RENIEC, municipalidad provincial y municipalidades distritales), y brindar información o derivar casos de personas que llegan a sus oficinas y pueden solicitar inscripción en el RUV (Defensoría del Pueblo, EPAF, Comisionado por la Paz).

El equipo del módulo de Huanta formó parte de la delegación que viajó a Putis el 14 de julio por iniciativa de la Comisión Multisectorial para la Reconstrucción y Desarrollo Integral de la Comunidad de Putis, Durante dicha visita informaron a la población sobre la importancia y requisitos de inscripción en el RUV.

Asimismo, el equipo de Huanta participó a fines de junio en un evento informativo sobre el proceso de inscripción en el RUV, organizado por la ONG Visión Mundial y la Defensoría del Pueblo.

Los equipos del CR en Lima y Huanta afinan las coordinaciones para iniciar en setiembre el registro rural en Huanta, empezando por Iguaín, Huamanguilla, Huanta, Luricocha y Santillana. En la segunda fase, los registradores se desplazarán a las comunidades de Ayahuanco, Llochegua y Sivia.

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Editado por la Unidad de Comunicaciones del Consejo de Reparaciones
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Atención al público: Javier Prado Oeste 860-870, San Isidro, Lima. Telf.: (01) 421-6397
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El material del boletín 'Noticias del RUV' puede ser reproducido con autorización del Consejo de Reparaciones.