FAMILIARES DE MÁRTIRES DE UCHURACCAY RECIBEN CERTIFICADOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS

Sofía Macher Batanero, presidenta del Consejo de Reparaciones (CR), entregó los certificados de inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV) a los familiares directos –37 personas entre padres, hijos y cónyuges– de los ocho periodistas y un guía que fallecieron a causa de los hechos de violencia producidos en Uchuraccay en 1983 y que ya se encuentran inscritos en el RUV.

"Los mártires de Uchuraccay marcaron el rumbo del conflicto en el Perú ya que hasta ese momento nadie sabía lo que estaba pasando en la puna, en las comunidades; estos periodistas fueron a investigar, a conocer la verdad a pesar de los peligros. Nunca los olvidaremos", refirió Macher durante la ceremonia de entrega.

Roberto Mejía Alarcón, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) también participó en la ceremonia de entrega que tuvo como marco los actos conmemorativos por los 26 años de la inmolación de los mártires del periodismo nacional.

A través del certificado de inscripción en el RUV, el Estado expresa respeto por la dignidad de la persona, reafirma sus derechos ciudadanos y se conduele por la desprotección y los daños sufridos a raíz de los hechos de violencia.

Víctimas civiles y militares también recibieron certificados del RUV

En una ceremonia simbólica de reconocimiento e inicio de entrega de acreditaciones, los miembros del Consejo de Reparaciones y la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, entregaron certificados de inscripción en el RUV a representantes de víctimas de la población civil, autoridades locales y comunales, Policía Nacional del Perú, FFAA y miembros de los comités de autodefensa. El acto se realizó el 17 de noviembre en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Durante el mes de diciembre también se entregaron acreditaciones individuales y colectivas, de manera pública, a las víctimas de los departamentos de Huancayo y Huánuco.

Unas 71,574 personas que sufrieron alguna forma de vulneración a sus derechos, debido al proceso de violencia de los años 1980 al 2000, han sido identificadas por el Consejo de Reparaciones (CR) durante la gestión operativa correspondiente al año 2008.

Al cierre de este periodo, y luego del proceso de evaluación y calificación necesario, se logró inscribir a más de 21 mil personas en el Libro 1 de víctimas individuales y a 3,634 comunidades en el Libro 2 de beneficiarios colectivos del Registro Único de Víctimas (RUV).

Si bien la cifra total proyectada es de 285 mil víctimas el temor, la desconfianza, los pocos recursos y los delicados procesos de validación y verificación de la información hacen que el proceso sea todavía lento.

LOGROS Y DIFICULTADES

Al 19 de diciembre de 2008, el CR atendió a 17,455 personas –entre víctimas directas y familiares– a través de distintas modalidades, la mayor parte de ellas en los módulos de atención del RUV instalados en a nivel nacional. Así mismo se realizaron 39 talleres de verificación de información colectiva –de comunidades y centros poblados– procedente de las cuatro etapas del Censo por la Paz.

Con la finalidad de brindar el mayor acceso posible a la población afectada se instalaron 90 módulos de registro descentralizado en 13 departamentos del país; cuatro de ellos gestionados por el mismo CR (Lima, Huanta, Satipo y Ayacucho), los restantes funcionan gracias al apoyo de gobiernos regionales, locales, organizaciones sociales e iglesias.

Estas alianzas han permitido desarrollar algunas actividades del RUV (difusión, registro, información, etc.), y afrontar creativamente las variadas limitaciones (logísticas, recursos, culturales, etc.), no obstante, permanece latente la necesidad de mayores recursos para potenciar y ampliar su cobertura.

A lo largo del año, el CR estuvo presente en 47 eventos públicos en los que se informó sobre los procedimientos, requisitos y avances del RUV a congresistas, organizaciones de afectados de la población civil y las FFAA, organizaciones de derechos humanos, estudiantes universitarios y otros.

En Satipo y Huanta se realizaron experiencias piloto de recojo de información en el ámbito rural; su implementación estuvo a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Centro de Investigación Social de Ayacucho (CEISA) respectivamente. De estos registros rurales (Huanta, Satipo) se concluyó que un porcentaje importante de víctimas ha migrado hacia otras zonas, lo cual plantea la tarea de ubicarlas allí donde hoy se encuentran para acercar el registro a las víctimas.

Igualmente, se evidenció que muchas víctimas carecen de documentación para acreditar la afectación sufrida, por lo que es muy importante recoger información detallada de las incidencias del hecho para así dotar de credibilidad a los casos al momento de su evaluación. En este contexto las declaraciones juradas de testigos y autoridades son imprescindibles.

Al inicio del despliegue territorial por los departamentos más afectados por la violencia (Ayacucho, Huánuco, Junín, Huancavelica y Apurímac) se percibía un clima de desconfianza debido al desconocimiento que se tenía sobre el RUV, hoy aún persiste esta sensación pero está cediendo lugar a la escucha, a la participación y al apoyo de importantes actores que están colaborando con la elaboración de sus respectivos registros locales.

IDENTIFICACIÓN DE FAMILIARES

Un gran número de víctimas inscritas en el RUV fallecieron o desaparecieron, por lo que es complicado identificar a sus familiares directos (padres, hijos y cónyuges) quienes, según la Ley Nº 28592, también son consideradas víctimas y beneficiarios con derecho a inscribirse en el RUV. Muchas de ellas ya no están en sus lugares de origen y no se cuenta con información actual sobre su paradero por lo que la entrega de sus certificados de acreditación es lenta.

EL PRESUPUESTO

El 2008, el trabajo del CR se inició con el 32% del presupuesto anual solicitado, lo que obligó a reducir las metas propuestas. El año 2009 se inicia apenas con el 26% del presupuesto requerido; es decir 6% menos que en el periodo anterior, lo que en términos reales permite su funcionamiento operativo hasta el mes de mayo.

Ante esta situación, el CR está realizando gestiones para obtener fondos de la cooperación internacional a través de proyectos que permitan continuar con el registro en las zonas prioritarias. Así mismo, se fortalecerán las alianzas establecidas hasta el momento y se convocarán a nuevas organizaciones a apoyar la elaboración del RUV.

HORIZONTE 2009

Pese a las limitaciones presupuestales, el CR se ha propuesto para el primer semestre de este periodo culminar con la integración de los registros preexistentes (CVR, Registro de Ausencia por Desaparición Forzada, CIDH, lista de víctimas de la PNP, FFAA y comités de autodefensa, registro de víctimas de Huancavelica, registro de desplazados del Mimdes), avanzar con los casos nuevos recibidos y culminar con la integración de información del V Censo por la Paz.

Con el fin de integrar a la población rural, de las provincias más afectadas por el proceso de violencia al Registro Único de Víctimas (RUV), el Consejo de Reparaciones (CR) realizó, durante el 2008, dos experiencias piloto de recojo de información e identificación de víctimas potenciales en los distritos rurales de las provincias de Satipo y Huanta, ubicadas en los departamentos de Junín y Ayacucho respectivamente.

Previamente y para tal fin se realizaron talleres de planificación, en ambos departamentos, que contaron con la participación de representantes de municipalidades provinciales, distritales, instituciones y organizaciones locales de afectados y federaciones nativas, las cuales hicieron sugerencias y aportes que sirvieron para afinar las estrategias de intervención.

Posteriormente, el CR encargó desarrollar las acciones de desplazamiento en Satipo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y en Huanta al Centro de Investigación Social de Ayacucho (CEISA).

Los registradores realizaron visitas itinerantes a las comunidades y centros poblados en ambas provincias y recogieron información sobre los hechos de violencia que les tocó vivir.

Actualmente, los registros piloto de Satipo y Huanta se encuentran en la etapa final de cierre que se extenderá hasta el primer trimestre de este año, ya que durante el desarrollo de los mismos se identificaron comunidades y centros poblados que fueron afectados por la violencia y que requieren ser registrados.

CERCA DE OCHO MIL PERSONAS FUERON REGISTRADAS EN PILOTO RURAL DE SATIPO

Entre julio y octubre del año pasado se realizó el registro rural de Satipo a cargo del INEI. Los registradores se desplazaron por los distritos de Satipo, Coriviali, Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Río Negro y Río Tambo. Como resultado de este se recogió información de 7,921 personas: 2,360 víctimas directas (30%) y 5,561 familiares (70%).

La campaña de registro de campo de potenciales viviendas afectadas se realizó bajo la modalidad de visita casa por casa (barrido censal simultáneo) en 373 centros poblados y comunidades nativas de los ocho distritos mencionados anteriormente. Para ello los registradores fueron debidamente capacitados y realizaron una prueba piloto de validación de instrumentos en el distrito de Puerto Bermúdez ubicado en la provincia de Oxapampa (Pasco) que presenta características geográficas y culturales similares a las de Satipo.

Así mismo, se implementaron módulos urbanos temporales en coordinación con las autoridades municipales de los distritos de Río Tambo, Pangoa, Río Negro y Mazamari. En la provincia de Satipo se encontraron más de 60 comunidades nativas que deberán ser integradas al registro rural durante la etapa final.

MÁS DE DOS MIL PERSONAS FUERON REGISTRADAS EN PILOTO RURAL DE HUANTA

Unas 2,327 personas y 199 comunidades fueron registradas durante la realización de la primera fase del piloto rural de recojo de información del RUV que desarrolló el Centro de Investigación Social de Ayacucho (CEISA) en los distritos de Huamanguilla, Huanta, Iguaín, Luricocha, Santillana y Sivia, en la provincias de Huanta y el distrito Carmen Alto, en Huamanga, entre los meses de setiembre y diciembre del 2008.

El registro piloto arrojó que las víctimas de los centros poblados rurales se han desplazado a los asentamientos humanos y barrios de las zonas urbanas de las capitales distritales, por lo que también se incluyeron acciones de registro en el distrito de Carmen Alto donde se concentra un número significativo de potenciales víctimas y familiares procedentes de la zona rural de Santillana.

Al igual que en Satipo, la metodología se basó en el barrido censal, habiéndose visitado hasta 6,275 viviendas potenciales afectadas por la violencia. Previamente al recojo de información se realizó una prueba piloto que sirvió para validar los instrumentos diseñados.