El domingo 18 de agosto concluyó la publicación del Registro Único de Víctimas y de los Beneficiarios Colectivos en el diario oficial El Peruano, realizado por el Consejo de Reparaciones en un lapso de casi siete años, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 28592.
En este Registro se certifican a nombre del Estado a las personas que sufrieron violaciones a sus derechos humanos entre mayo 1980 y noviembre 2000 y se formaliza el derecho de esas personas a recibir una reparación.
El esfuerzo realizado permitirá continuar y emprender acciones y gestos diversos que honren la memoria de quienes ya no están y responder a las expectativas de quienes, pese al sufrimiento experimentado, continúan sin desmayo construyendo vidas y esperanzas en nuestro país. Hacia ellos se ha dirigido este esfuerzo para que a todos pertenezca la paz que aspiramos en el Perú.
La composición plural del Consejo permitió que al interior de las sesiones se compartieran los distintos enfoques y las diferentes experiencias de cada uno de sus integrantes. Se buscó el entendimiento, el mismo que se ha construido siempre en consenso.
La existencia del Consejo se normó durante el gobierno del Presidente Toledo, se instaló y funcionó a lo largo del gobierno del Presidente García y continúa ahora sus funciones durante el gobierno del Presidente Humala. Se ha trabajado con siete Presidentes del Consejo de Ministros y tres Ministros de Justicia. Es evidente que el compromiso sostenido durante este largo período, no ajeno a las dificultades, pone de manifiesto una política de Estado. Por su parte, más de 200 municipios han convenido expresamente la concertación de acciones locales para apoyar el registro de víctimas. La participación de la sociedad civil, su contribución y su reconocimiento al avance logrado, le otorgan legitimidad a la labor del Consejo y demanda integralidad para concretar este esfuerzo.
Se ha tenido el privilegio de conocer las historias de ciudadanos y ciudadanas que sobrevivieron a la barbarie y lucharon por la justicia. Se ha prestado atención al relato de miles de compatriotas, civiles y miembros de las fuerzas armadas y policiales, en la búsqueda de quienes perdieron la vida, de quienes sufrieron maltratos y muchas formas de vejaciones, de quienes vieron cancelados proyectos de vida que apenas empezaban, de quienes se vieron arrojados al desarraigo cruel, a la exclusión y al desamparo.
El trabajo realizado ha permitido formalizar la responsabilidad del Estado frente a las personas que no fueron adecuadamente protegidas y debe contribuir a fortalecer nuestra sociedad y hacerla más justa y solidaria. Pero éste no puede ser un logro aislado ni inconexo. Es el deber del Consejo hacer notar que este esfuerzo enmarca en una responsabilidad mayor del Estado, de todas las peruanas y peruanos: culminar con la implementación de las reparaciones a las personas reconocidas e inscritas en el Registro Único de Víctimas.
Se tiene la firme esperanza que el tránsito de una situación en la que se menospreció la dignidad de tantos, a otra en la que se reconozca a plenitud la dignidad y los derechos de todos, culmine con éxito.
Consejo de Reparaciones
Agosto, 2013
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