El Consejo de Reparaciones del Perú, con seis meses de
capacidad operativa y un año de creación, ha inscrito hasta el momento 887
comunidades y centros poblados en el Registro Único de Víctimas de la Violencia
en la categoría de beneficiarios colectivos, lo cual les permitirá recibir
reparaciones colectivas por parte del Estado. Con la inclusión de las víctimas
en el Registro, el Estado expresa respeto por la dignidad y los derechos de las
personas y sus comunidades.
El Consejo de Reparaciones (CR) forma parte de la Presidencia del Consejo de
Ministros y es un órgano colegiado presidido por Sofía Macher, ex miembro de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación. Los otros consejeros son la dirigente
asháninka Luzmila Chiricente, el empresario Ramón Barúa, la abogada Pilar Coll
-con trayectoria en la defensa de derechos humanos-, Juan Fernández Davila
(general del Ejército en retiro) y José Luis Noriega (vicealmirante en retiro).
Las comunidades y centros poblados inscritos en el Registro Único de Víctimas
están ubicados en cuatro de los diez departamentos más afectados por la
violencia: Junín, Huancavelica, Apurímac y Cusco, en la sierra central y sur
del país. El 20% de las comunidades reconocidas como beneficiarios colectivos
se encuentran entre las clasificadas con un coeficiente de mayor afectación.
El Consejo, que cuenta con un equipo técnico dirigido por la
economista Marusia Ruiz Caro, ha atendido en el transcurso del año a más de
1600 personas que han solicitado inscribirse en el RUV y sus expedientes están
en elaboración para iniciar el proceso de verificación, evaluación y
calificación, previos a la inscripción.
Entre octubre y noviembre, la entidad ha prestado apoyo técnico
e institucional para que el Gobierno Regional de Apurímac desarrolle el
Registro Único de Víctimas Regional en dicho departamento y supervisa sus
labores de campo.
El próximo año, el Consejo de Reparaciones llevará a cabo la
Campaña Nacional de Recojo de Información sobre víctimas de la violencia, dando
prioridad a los diez departamentos más afectados y a aquellos cuyos gobiernos
regionales demuestren voluntad política de iniciar el registro.
Los consejeros sostuvieron hoy una reunión de trabajo con el
presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, para entregarle el
Informe Anual y expresarle la necesidad de mayor colaboración por parte de las
entidades públicas en cuanto a la entrega de información y así reducir los
plazos que toma la inscripción en el Registro Único de Víctimas
Lima, 28 de noviembre de 2007
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